El Tribunal Supremo comienza a aplicar la Sentencia del TJUE sobre el modelo 720

En el artículo publicado en nuestra página web el día 28 de enero del presente año 2022 informamos que la sentencia de 27 de enero de 2022 en el asunto C-788-19, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordó que las sanciones previstas para el caso de incumplimiento de la obligación informativa de bienes en el extranjero (el famoso modelo 720) son excesivas y desproporcionadas y, además, la norma infringe el principio de seguridad jurídica al cuestionar su prescripción.

Pues bien, el Tribunal Supremo no ha tardado en aplicar la resolución dictada por el TJUE. Así, citamos la Sentencia la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal de fecha 6 de julio pasado, Sentencia nº 925/2022, dictada en el recurso 6202/2019 seguido contra la sentencia número 249/2019, de 11 de julio, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, en la que ha sentado la siguiente doctrina jurisprudencial:

“El régimen sancionador establecido en la DA 18ª, 2, LGT, en su redacción por Ley 1.17 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre (EDL 2012/224877), de una sanción consistente en una multa pecuniaria fija por cumplimiento tardío -sin requerimiento previo de la Administración- de la obligación de declarar bienes y derechos en el extranjero, vulnera las obligaciones que le incumben al Reino de España, en virtud de los artículos 63 TFUE y 40 del Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, sobre libre circulación de capitales, dado que tales sanciones resultan desproporcionadas respecto a las sanciones previstas en un contexto puramente nacional.”

En idéntico sentido se pronuncia la Sentencia de la misma Sala de fecha 4 de julio, existiendo otros recursos en trámite que, obviamente, tendrán el mismo resultado.

Entiende el Tribunal Supremo que los derechos que corresponden a los particulares no derivan de que la Sentencia del TJUE referida anteriormente, sino de las propias disposiciones del derecho comunitario que tiene efecto directamente sobre el ordenamiento jurídico.

De esta forma, el Tribunal Supremo sienta doctrina sobre un aspecto que ha generado mucha controversia a lo largo de los últimos 10 años, dejando claro que las multas por informar tardíamente de los bienes en el exterior son completamente desproporcionadas en comparación con el incumplimiento de otras normas internas.