Ayer terminó el plazo para transponer la Directiva 2014/95/UE que afectará a las grandes empresas de más de 500 trabajadores. Aunque la exposición inicial era más ambiciosa (pretendía ser obligatoria y aplicarse también a las PYMES), la presión de los lobbies y de algunos países europeos han limitado sus efectos. Sin embargo, esta norma marca el camino hacia una nueva cultura de la transparencia, imponiendo ciertos estándares éticos, medioambientales y sociales.
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