{"id":4147,"date":"2020-12-18T13:12:28","date_gmt":"2020-12-18T13:12:28","guid":{"rendered":"https:\/\/perezdevargas.es\/?p=4147"},"modified":"2022-02-25T17:29:02","modified_gmt":"2022-02-25T17:29:02","slug":"reflexiones-sobre-la-evalucion-ambiental-estrategica-en-el-planeamiento-urbanistico-de-andalucia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perezdevargas.es\/es\/blog\/reflexiones-sobre-la-evalucion-ambiental-estrategica-en-el-planeamiento-urbanistico-de-andalucia\/","title":{"rendered":"Reflexiones sobre la evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica en el Planeamiento Urban\u00edstico de Andaluc\u00eda."},"content":{"rendered":"<p>La declaraci\u00f3n de nulidad del planeamiento urban\u00edstico por sentencias judiciales se ha convertido en un hecho normal, cuando deber\u00eda ser excepcional.<\/p>\n<p>Hoy nos encontramos con el<strong> Decreto Ley (DL) 31\/2020<\/strong>, de 1 de diciembre,\u00a0 que deroga la DA 3\u00aa de la Ley 3\/2015, en base a la cual se estaban tramitando procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica en un n\u00famero considerable de expedientes administrativos para la aprobaci\u00f3n de planeamiento general, y en consecuencia, declara la ineficacia de los procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental ya concluidos, y a su vez, da por terminados aquellos que a\u00fan estaban en tr\u00e1mite.<\/p>\n<p>Ante esta situaci\u00f3n, en la que la excepcionalidad se ha convertido en la normalidad, nos deber\u00edamos preguntar por las causas de las frecuentes declaraciones de nulidad del planeamiento urban\u00edstico por sentencias judiciales, y en el presente supuesto, por las causas de una disposici\u00f3n legal, como es el DL 31\/2020, para declarar la ineficacia de procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental ya concluidos, o en su caso,\u00a0 la terminaci\u00f3n de los que est\u00e1n en tr\u00e1mite, que obliga a reiniciar los referidos procedimientos, y por tanto, los expedientes administrativos del planeamiento urban\u00edstico.<!--more--><\/p>\n<p><strong>I.- Decreto Ley (DL) 31\/2020, de 1 de diciembre, publicado en el BOJA al d\u00eda siguiente.<\/strong><\/p>\n<p>El DL 31\/2020, de 1 de diciembre, ha dispuesto la derogaci\u00f3n de la DA 3\u00aa de la Ley 3\/2015, y en consecuencia, <strong>la terminaci\u00f3n o la ineficacia,<\/strong> seg\u00fan los casos, de los <strong>procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental <\/strong>que se estuviesen tramitando de acuerdo con la referida DA 3\u00aa derogada,<strong> en los expedientes de planeamiento urban\u00edstico,<\/strong>\u00a0 <strong>que se ver\u00e1n obligados a iniciar de nuevo el procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental, y a continuaci\u00f3n, reiniciar el expediente administrativo urban\u00edstico.<\/strong><\/p>\n<p>El motivo de la dr\u00e1stica medida adoptada, como se dice en la Exposici\u00f3n de Motivos del DL 31\/2020, se encuentra en las <strong>recientes sentencias\u00a0 del Tribunal Superior de Andaluc\u00eda (TSJA)<\/strong>, declarando la nulidad del planeamiento general de varios municipios.<\/p>\n<p>Entendemos que se refiere a las sentencias que declaran la nulidad del planeamiento general de los municipios de Ja\u00e9n, Chiclana y Sanl\u00facar La Mayor, y por \u00faltimo, debemos tener en cuenta el Auto acordando la suspensi\u00f3n cautelar del planeamiento general de Torremolinos.<\/p>\n<p>Por ello, con la finalidad de no prolongar en el tiempo <strong>la incertidumbre sobre la legalidad o no del procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental<\/strong> establecido en la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica, en cumplimiento de la Ley estatal 21\/2013, que transpone la Directiva 2001\/42 CE, el citado DL 31\/2020\u00a0 dispone la terminaci\u00f3n o la ineficacia, seg\u00fan los casos, de los procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica, que se encuentran en tramitaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Aunque no se dice de forma expresa en el DL 31\/2020, entendemos que se refiere a la <strong>Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica ordinaria, <\/strong>a la que est\u00e1 sujeto el planeamiento general.<\/p>\n<p><strong>II.- La declaraci\u00f3n de nulidad de los planeamientos urban\u00edsticos indicados en el apartado anterior por las sentencias judiciales citadas, que a\u00fan no han ganado firmeza, se fundamenta en las discrepancias sobre interpretaci\u00f3n de la normativa b\u00e1sica estatal y las disposiciones auton\u00f3micas de Andaluc\u00eda, relativas a la transposici\u00f3n de la Directiva 2001\/42\/CE. <\/strong><\/p>\n<p>La Directiva 2001\/42\/CE,\u00a0 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la evaluaci\u00f3n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, entr\u00f3 en vigor el 21 de julio de 2001 y el plazo para la transposici\u00f3n al ordenamiento jur\u00eddico interno de la citada Directiva finaliz\u00f3 el d\u00eda <strong>21 de julio de 2004. <\/strong><\/p>\n<p>El incumplimiento por Espa\u00f1a de la transposici\u00f3n de la Directiva en el plazo indicado, determin\u00f3 la presentaci\u00f3n de demanda por la Comisi\u00f3n Europea ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, por el retraso en la adaptaci\u00f3n de la normativa ambiental comunitaria.<\/p>\n<p><strong>2.1.- La Ley estatal 9\/2006, sobre evaluaci\u00f3n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, llev\u00f3 a cabo la transposici\u00f3n de la Directiva 2001\/42,\u00a0 si bien, posteriormente fue derogada por la Ley 21\/2013 de evaluaci\u00f3n ambiental.<\/strong><\/p>\n<p>La transposici\u00f3n de la Directiva 2001\/42 mediante la Ley b\u00e1sica estatal, se llev\u00f3 a cabo mediante la Ley 9\/2006, posteriormente derogada por la Ley 21\/2013, que configur\u00f3 la Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica como un procedimiento instrumental con entidad propia, si bien, con el car\u00e1cter o naturaleza de un acto administrativo de tr\u00e1mite,\u00a0 integrado en el procedimiento administrativo urban\u00edstico.<\/p>\n<p>La regulaci\u00f3n para <strong>la integraci\u00f3n de ambos procedimientos, ambiental y urban\u00edstico<\/strong>, ha planteado problemas interpretativos, en cuanto al desarrollo realizado por la legislaci\u00f3n auton\u00f3mica de Andaluc\u00eda de la referida\u00a0 Ley b\u00e1sica estatal 21\/2013, como veremos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n<p>De la regulaci\u00f3n por la Ley 21\/2013 de la<strong> Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica<\/strong> en los expedientes de aprobaci\u00f3n de planes urban\u00edsticos, resaltamos los siguientes extremos:<\/p>\n<ul>\n<li>Se configura como<strong> un procedimiento ambiental con entidad propia, poniendo de manifiesto la prevalencia de lo ambiental sobre lo urban\u00edstico.<\/strong><\/li>\n<li>Se deber\u00e1 <strong>iniciar con car\u00e1cter previo al expediente urban\u00edstico, <\/strong>es decir, el Documento Inicial Estrat\u00e9gico se deber\u00e1 presentar con el borrador del Plan urban\u00edstico.<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Resaltamos estos dos extremos, por su relevancia en la argumentaci\u00f3n jur\u00eddica de las sentencias del TSJA, que han declarado la nulidad del planeamiento general\u00a0 de varios municipios, entre otros motivos, por el incumplimiento del procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental en los t\u00e9rminos establecidos en la Ley estatal 21\/2013.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>2.2.<\/strong><strong>&#8211; Disposiciones legales aprobadas por la Junta de Andaluc\u00eda, para completar la normativa b\u00e1sica estatal, en materia de medio ambiente:<\/strong><\/p>\n<p><strong>La Ley 7\/2007, de 9 de julio, de Gesti\u00f3n Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda<\/strong>, adaptada a la Ley b\u00e1sica estatal 9\/2006,\u00a0 estableci\u00f3 dos procedimientos,\u00a0 uno el general, regulado en los art\u00edculos 36 y siguientes, y\u00a0 otro, el contemplado en el art\u00edculo 40 para los instrumentos de planeamiento, asimilando la tramitaci\u00f3n de la evaluaci\u00f3n ambiental de estos \u00faltimos a la evaluaci\u00f3n ambiental de proyectos, con remisi\u00f3n al Reglamento de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental, aprobado mediante Decreto 292\/1995.<\/p>\n<p>Por tanto, los expedientes administrativos para la aprobaci\u00f3n del planeamiento urban\u00edstico, sometidos a evaluaci\u00f3n ambiental, se tramitaron de acuerdo con el procedimiento\u00a0 establecido en el Decreto 292\/1995.<\/p>\n<p>El Decreto Ley 3\/2015, cuyo contenido es reproducido por la Ley 3\/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gesti\u00f3n integrada de calidad ambiental, siguiendo las determinaciones establecidas en la normativa b\u00e1sica estatal, la Ley\u00a0 21\/2013, modific\u00f3 los art\u00edculos 36 y siguientes de la Ley 7\/2007, regulando los planes y programas sujetos a Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica, estableciendo el procedimiento a seguir para cada una de ellas.<\/p>\n<p>Po ello, para evitar que los expedientes administrativos para la aprobaci\u00f3n de planeamiento urban\u00edstico, en tramitaci\u00f3n, tuviesen que iniciarse de nuevo,\u00a0 la Exposici\u00f3n de Motivos del\u00a0 DL 3\/2015, bas\u00e1ndose en los principios de seguridad jur\u00eddica, del inter\u00e9s general, y por \u00faltimo, de <strong>conservaci\u00f3n de los actos administrativos, se pronunci\u00f3 por mantener la validez de las fases ya realizadas en el procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental, en los t\u00e9rminos indicados en el Decreto 292\/1995, <\/strong>por considerarlo equivalente al procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica establecido en la Ley estatal 21\/2013, de esta forma, ser\u00eda posible completar las fases pendientes, integrando as\u00ed ambos procedimientos.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>III.- Doctrina jurisprudencial del Tribunal Superior de Justicia de Andaluc\u00eda (TSJA).<\/strong><\/p>\n<p>Las recientes sentencias del TSJA, en Granada y Sevilla, han declarado la nulidad del planeamiento general de Ja\u00e9n, Chiclana y Sanl\u00facar La Mayor,\u00a0 objeto de los correspondientes recursos contenciosos administrativos, entre otros, por los siguientes motivos:<\/p>\n<ul>\n<li>El procedimiento de Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica no puede ser suplido por el procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental regulado en la Ley 7\/2007, pues<strong> la Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica es aut\u00f3noma de otro procedimiento ambiental, de ah\u00ed, que no pueda admitirse la conservaci\u00f3n de actos de otro procedimiento,<\/strong> no s\u00f3lo porque no est\u00e1 previsto en las referidas disposiciones transitorias del Decreto Ley 3\/2015 y Ley 3\/2015 (la previsi\u00f3n de la Exposici\u00f3n de Motivos del Decreto Ley 3\/2015\u00a0 carece de valor normativo), sino porque<strong> las previsiones de la Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica deben aplicarse desde el principio de la tramitaci\u00f3n del Plan, no incorporarse a su contenido posteriormente.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>IV.- El Decreto Ley (DL) 31\/2020, de 1 de diciembre, publicado en el BOJA al d\u00eda siguiente, invalida las evaluaciones ambientales basadas en la Disposici\u00f3n Adicional (DA) 3\u00aa de la Ley 3\/2015.- <\/strong><\/p>\n<p>La doctrina jurisprudencial del TSJA reflejada en las sentencias rese\u00f1adas en el apartado anterior ha motivado que el DL 31\/2020\u00a0 haya dispuesto la derogaci\u00f3n de la DA 3\u00aa de la Ley 3\/2015, y en consecuencia, la<strong> terminaci\u00f3n <\/strong>de los procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental de los instrumentos de planeamiento urban\u00edstico, que se est\u00e9n tramitando de acuerdo con lo establecido en la derogada DA 3\u00aa, que no cuenten con Informe de Valoraci\u00f3n Ambiental o con Declaraci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica, y a su vez,\u00a0 la <strong>ineficacia<\/strong> de los mismos, en el supuesto de que se hubiesen dictado por el \u00f3rgano ambiental y a\u00fan estuviese pendiente la aprobaci\u00f3n definitiva del instrumento de planeamiento urban\u00edstico por el \u00f3rgano sustantivo.<\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p>El DL 31\/2020 en ning\u00fan caso es la causa, por el contrario, es la consecuencia de la doctrina sentada por el TSJ Andaluc\u00eda, por ello, <strong>ante la posible anulaci\u00f3n de un n\u00famero importante instrumentos de planeamiento urban\u00edstico,<\/strong> cuya evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica se realiz\u00f3, seg\u00fan considera el Tribunal, de forma inadecuada.<\/p>\n<p>El citado DL 31\/2020, para evitar incertidumbres y consecuencias econ\u00f3micas graves, ante la perspectiva de una posible declaraci\u00f3n de nulidad de los expedientes urban\u00edsticos, una vez dictada la aprobaci\u00f3n definitiva de los mismos, adopta las medidas ya indicadas.<\/p>\n<p>Los expedientes de los instrumentos de planeamiento urban\u00edstico, en tramitaci\u00f3n, cuya evaluaci\u00f3n ambiental se haya ajustado al procedimiento establecido en la derogada DA 3\u00aa, deber\u00e1n reiniciar su tramitaci\u00f3n con la presentaci\u00f3n del Documento Inicial Estrat\u00e9gico, acompa\u00f1ado del borrador del proyecto del respectivo instrumento de planeamiento, es decir, deber\u00e1n volver a la casilla de salida.<\/p>\n<p>Pero tampoco la causa de tan dr\u00e1stica medida es la doctrina jurisprudencial citada, sino que \u00e9sta, a su vez,\u00a0 es la consecuencia de una inadecuada transposici\u00f3n de Directiva 2001\/42\/CE,\u00a0 por la legislaci\u00f3n estatal y auton\u00f3mica.<\/p>\n<p>Efectivamente, la inadecuada transposici\u00f3n de la Directiva 2001\/42\/CE, a nivel estatal y auton\u00f3mico, resulta evidente exponiendo el entramado de normas legales que han llevado a cabo la referida transposici\u00f3n:<\/p>\n<p><strong>Regulaci\u00f3n estatal b\u00e1sica:<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ley 9\/2006 derogada por la Ley 21\/2013, de 9 de diciembre, de evaluaci\u00f3n ambiental, transpone al ordenamiento jur\u00eddico espa\u00f1ol la Directiva 2001\/42\/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la evaluaci\u00f3n de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.<\/li>\n<\/ul>\n<p>El plazo para la transposici\u00f3n finaliz\u00f3 el 21 de julio de 2004, a nivel estatal,\u00a0 de forma completa,\u00a0 se llev\u00f3 cabo mediante la Ley 21\/2013 (derogando la Ley 9\/2006), que entr\u00f3 en vigor el 12 de diciembre de 2013, es decir, con nueve a\u00f1os de retraso.<\/p>\n<p><strong>Regulaci\u00f3n auton\u00f3mica de desarrollo: <\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Ley 7\/2007, de 9 de julio, de Gesti\u00f3n Integrada de la Calidad Ambiental de la Comunidad Aut\u00f3noma de Andaluc\u00eda, para adaptarse a la ley estatal b\u00e1sica 6\/2006.<\/li>\n<li>Decreto Ley 3\/2015 de medidas en materia de gesti\u00f3n integrada de calidad ambiental, de agua, tributaria y de sanidad animal, para adaptarse a la Ley estatal b\u00e1sica 21\/2013.<\/li>\n<li>Ley 3\/2015, de 29 de diciembre, de medidas en materia de gesti\u00f3n integrada de calidad ambiental, de agua, tributaria y de sanidad animal, que incorpora el DL 3\/2015.<\/li>\n<li>Ley 6\/2016, que introduce la DA 3\u00aa de la Ley 3\/2015.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Como hemos indicado,<strong> la remisi\u00f3n de la\u00a0 Ley 7\/2007 al Reglamento de Evaluaci\u00f3n de Impacto Ambiental,<\/strong> aprobado mediante Decreto 292\/1995, y a su vez,<strong> el intento del DL 3\/205 y de la Ley 3\/2015 de conservar la validez de los actos realizados en el citado procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental,<\/strong> que se completar\u00eda con las fases pendientes de la Evaluaci\u00f3n Ambiental Estrat\u00e9gica, ha generado discrepancias sobre la interpretaci\u00f3n de las referidas disposiciones legales, en cuanto a su adecuaci\u00f3n o no a lo establecido en la Ley estatal 21\/2013, en cuanto a la referida evaluaci\u00f3n ambiental de los instrumentos de planeamiento urban\u00edstico.<\/p>\n<p>Las discrepancias se han plasmado en la reciente doctrina jurisprudencial del TSJ de Andaluc\u00eda declarando la nulidad del planeamiento general de varios municipios andaluces.<\/p>\n<p><strong>V.- Reflexiones<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong>El referido DL 31\/2020 ha declarado la<strong> ineficacia de los procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental ya concluidos, o en su caso, la terminaci\u00f3n de los que se encuentren en tr\u00e1mite, <\/strong>correspondientes a un n\u00famero considerable de expedientes administrativos para la aprobaci\u00f3n de planeamiento urban\u00edstico.<\/p>\n<p><strong>La terminaci\u00f3n, o en su caso, declaraci\u00f3n de ineficacia del procedimiento de evaluaci\u00f3n ambiental en los expedientes urban\u00edsticos,<\/strong> que llevan a\u00f1os de tramitaci\u00f3n, producen<strong> graves perjuicios a los intereses p\u00fablicos y privados,<\/strong> ya que los referidos expedientes deber\u00e1n volver a la casilla de salida, habiendo invertido recursos humanos y materiales durante a\u00f1os en la tramitaci\u00f3n de expedientes, que han sido invalidados por una disposici\u00f3n legal.<\/p>\n<p>De confirmarse por el Tribunal Supremo las citadas sentencias del TSJ Andaluc\u00eda, s\u00ed estar\u00edamos ante <strong>actos nulos de pleno derecho<\/strong>,\u00a0 por prescindir total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido (art. 47.1, letra e, Ley 39\/2015), dado el car\u00e1cter de esencial del tr\u00e1mite de evaluaci\u00f3n de evaluaci\u00f3n ambiental estrat\u00e9gica.<\/p>\n<p>Las declaraciones de nulidad del planeamiento urban\u00edstico por sentencias judiciales producen <strong>graves perjuicios al inter\u00e9s p\u00fablico y privado,<\/strong> en la medida que representan el retraso en la implantaci\u00f3n de proyectos p\u00fablicos y privados, de inter\u00e9s general para el municipio.<\/p>\n<p>Nos deber\u00edamos preguntar por qu\u00e9 ha sido necesario que una<strong> disposici\u00f3n legal<\/strong>, como es el DL 31\/2020, haya declarado <strong>la ineficacia de los procedimientos de evaluaci\u00f3n ambiental seguidos en base a la\u00a0 derogada DA 3\u00aa,<\/strong> ante el riesgo de la posible declaraci\u00f3n de nulidad de las aprobaciones definitivas por el \u00f3rgano sustantivo del planeamiento urban\u00edstico, hoy en tramitaci\u00f3n,<strong> lo que evidentemente s\u00ed es un hecho excepcional.<\/strong><\/p>\n<p>No deber\u00edamos preguntar por qu\u00e9 <strong>son frecuentes las sentencias judiciales\u00a0 declarando la nulidad del planeamiento urban\u00edstico de municipios,<\/strong> a lo largo de la geograf\u00eda espa\u00f1ola, no s\u00f3lo en Andaluc\u00eda, por tanto, deber\u00edamos preguntarnos por qu\u00e9 lo excepcional, como es la declaraci\u00f3n de nulidad de un acto administrativo con la naturaleza de disposici\u00f3n general reglamentaria, se convierte en lo frecuente o lo habitual, generando <strong>incertidumbre y un clima de inseguridad jur\u00eddica<\/strong> en la sociedad.<\/p>\n<p>Nos deber\u00edamos preguntar<strong> por qu\u00e9 con frecuencia el\u00a0 planeamiento urban\u00edstico incurre motivos de nulidad,<\/strong> a pesar de haber seguido un doble procedimiento, uno <strong>ambiental<\/strong> con car\u00e1cter instrumental y otro <strong>urban\u00edstico<\/strong> con car\u00e1cter sustantivo, ambos integrados en un solo expediente, durante un plazo estimado de diez a\u00f1os, con periodos de informaci\u00f3n p\u00fablica, emisi\u00f3n de informes sectoriales, aprobaciones inicial, provisional y definitiva.<\/p>\n<p>Nos deber\u00edamos preguntar por qu\u00e9 la tramitaci\u00f3n de un planeamiento urban\u00edstico tiene <strong>un plazo estimado de diez a\u00f1os<\/strong> para su aprobaci\u00f3n definitiva y publicaci\u00f3n.<\/p>\n<p>Por \u00faltimo, nos deber\u00edamos preguntar por qu\u00e9 mientras estamos inmersos en un<strong> laberinto jur\u00eddico,<\/strong> en el que debatimos sobre la correcta aplicaci\u00f3n o no del ordenamiento jur\u00eddico vigente, la ciudad y el territorio contin\u00faan su desarrollo aplicando <strong>planeamientos urban\u00edsticos aprobados en los a\u00f1os noventa.<\/strong><\/p>\n<p>Estepona, a 14 de diciembre de 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La declaraci\u00f3n de nulidad del planeamiento urban\u00edstico por sentencias judiciales se ha convertido en un hecho normal, cuando deber\u00eda ser 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