{"id":648,"date":"2013-05-20T00:00:00","date_gmt":"2013-05-20T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/public.kiboserver.com\/perezdevargas\/reforma-ley-de-costas-la-ley-de-proteccion-y-uso-sotenible-del-litoral-y-de-modificacion-de-la-ley-221988-de-28-de-julio-de-costas-publicada-en-el-boe-el-30-de-mayo-de-2-012\/"},"modified":"2019-05-30T09:48:19","modified_gmt":"2019-05-30T09:48:19","slug":"ley-proteccion-uso-sotenible-litoral-ley-221988","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perezdevargas.es\/es\/blog\/ley-proteccion-uso-sotenible-litoral-ley-221988\/","title":{"rendered":"Reforma Ley de Costas. La Ley de protecci\u00f3n y uso sotenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, de Costas, publicada en el BOE el 30 de Mayo de 2.012."},"content":{"rendered":"

Reforma Ley de Costas.\u00a0\u00abEl Congreso de los Diputados aprob\u00f3 el d\u00eda 9 de mayo de 2013 el texto de la Ley de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, de Costas,<\/a> con las enmiendas introducidas por el Senado.\u00bb<\/p>\n

Medidas para mejorar la seguridad jur\u00eddica en el litoral<\/a>.<\/strong> Complejo reparto competencial en materia de litoral.<\/strong> El Congreso de los Diputados aprob\u00f3 el d\u00eda 9 de mayo de 2013 el texto de la Ley<\/strong> de protecci\u00f3n y uso sostenible del litoral y de modificaci\u00f3n de la Ley 22\/1988, de 28 de julio, de Costas<\/strong>, con las enmiendas introducidas por el Senado, pendiente de publicaci\u00f3n en el BOE. Durante la tramitaci\u00f3n parlamentaria del proyecto de reforma de la Ley de Costas, se ha levantado un amplio debate sobre el contenido de la reforma, con gran repercusi\u00f3n medi\u00e1tica.<\/p>\n

1.- JUSTIFICACI\u00d3N DE LA REFORMA DEL LA LEY DE COSTAS DE 1988.- <\/strong> Seg\u00fan la Exposici\u00f3n de Motivos, el reto es conseguir un equilibrio entre un alto grado de protecci\u00f3n del litoral y una actividad respetuosa con el mismo. Se afirma, que un litoral bien conservado contribuye al desarrollo econ\u00f3mico y los beneficios de \u00e9ste redundan, a su vez, en la mejora medioambiental. Se hace una cr\u00edtica a que los cambios introducidos por la Ley de 1988, no fuesen inmediatos, sino que se demorasen en el tiempo, lo que ha dado lugar a una litigiosidad cr\u00f3nica, y en muchos supuestos, la Ley de 1988 no ha llegado a aplicarse, toler\u00e1ndose situaciones inaceptables desde un punto de vista medioambiental, que a\u00fan no han sido resueltas. Se manifiesta que tanto la aplicaci\u00f3n conflictiva como la inaplicaci\u00f3n o incluso la impotencia de la Ley de 1988 para imponerse sobre realidades sociales consolidadas son la prueba que el concepto de protecci\u00f3n del litoral contenido en la referida Ley debe ser corregido. Una vez justificada la necesidad del cambio de la Ley de 1988, se afirma que la reforma de la Ley proporciona seguridad jur\u00eddica <\/strong>estableciendo un marco en el que las relaciones jur\u00eddicas en el litoral pueden tener continuidad a largo plazo, y a su vez, se garantiza el mantenimiento de la integridad del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre<\/strong>, a trav\u00e9s de reglas claras que puedan ser aplicadas.<\/p>\n

2.- NOVEDADES Y MODIFICACIONES RELEVANTES INTRODUCIDAS POR LA REFORMA DE LA LEY DE COSTAS.- <\/strong><\/p>\n

2.1.- Regulaci\u00f3n diferenciada de los tramos urbanos y naturales de las playas.- <\/strong> Los tramos de playa urbanos<\/strong> son los contiguos con suelos urbanizados, para los que se establece una normativa que permite preservar el uso com\u00fan de los mismos por los ciudadanos. En los tramos urbanos podr\u00e1 autorizarse la celebraci\u00f3n de aquellos eventos de inter\u00e9s general con repercusi\u00f3n tur\u00edstica <\/strong>que cumplan los requisitos que se establezcan. Los tramos de playa naturales<\/strong> son los contiguos a espacios protegidos o a suelo rural, para los que se establece un grado de protecci\u00f3n alto y se restringen las ocupaciones, con la finalidad de mantener su estado natural. En la delimitaci\u00f3n de los tramos urbanos y naturales de playa intervendr\u00e1n las administraciones competentes en materia de ordenaci\u00f3n del territorio y urbanismo, en la forma que reglamentariamente se determine.<\/p>\n

2.2.- Exclusi\u00f3n de determinados n\u00facleos de poblaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, entre ellos, Pedregalejo y El Palo, en M\u00e1laga.- <\/strong> Esta exclusi\u00f3n legal pretende otorgar una soluci\u00f3n singular a terrenos de n\u00facleos residenciales, con edificaciones construidas antes de 1988, formando \u00e1reas de viviendas hist\u00f3ricamente consolidadas,<\/strong> que por su degradaci\u00f3n y caracter\u00edsticas f\u00edsicas actuales, resultan absolutamente innecesarias para la protecci\u00f3n o utilizaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre. Se justifica la medida en la aplicaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica,<\/strong> que exige reconocer la realidad f\u00edsica preexistente a la entrada en vigor de la Ley de 1988, y a su vez, en el informe del Parlamento Europeo de 20 de febrero de 2009, <\/strong>que insta al Estado espa\u00f1ol a reconocer los leg\u00edtimos derechos de los propietarios de viviendas en la costa, que no tienen un impacto negativo en el medio ambiente costero. Entre los n\u00facleos de poblaci\u00f3n excluidos,<\/strong> se encuentran Pedregalejo y El Palo, en la provincia de M\u00e1laga. Los terrenos excluidos podr\u00e1n ser transmitidos a sus ocupantes por cualquiera de los negocios dispositivos establecidos en la Ley 33\/2003 de Patrimonio de las Administraciones P\u00fablicas. La escritura p\u00fablica de transmisi\u00f3n<\/strong> ser\u00e1 t\u00edtulo suficiente para rectificar las situaciones contradictorias que aparezcan en el Registro de la Propiedad y en el Catastro. La efectividad de la exclusi\u00f3n estar\u00e1 condicionada a la formalizaci\u00f3n de los referidos negocios de transmisi\u00f3n de los terrenos por la Administraci\u00f3n a los ocupantes. En definitiva, los ocupantes de los inmuebles situados dentro de los n\u00facleos de poblaci\u00f3n, excluidos del dominio mar\u00edtimo terrestre, deber\u00e1n abonar las compensaciones econ\u00f3micas correspondientes a la Administraci\u00f3n del Estado, para hacer efectiva la regularizaci\u00f3n, mediante la inscripci\u00f3n del t\u00edtulo de propiedad en el Registro de la Propiedad y en el Catastro.<\/p>\n

2.3.- Medidas para evitar los efectos de la incidencia del cambio clim\u00e1tico en el litoral.- <\/strong> Por primera vez, se establecen regulaciones espec\u00edficas para afrontar con garant\u00edas la lucha contra los efectos del cambio clim\u00e1tico<\/strong> en el litoral. En este sentido, se establece un r\u00e9gimen espec\u00edfico para los tramos del litoral que se encuentren en riesgo grave de regresi\u00f3n. En las \u00e1reas del litoral que se declaren en riesgo de regresi\u00f3n,<\/strong> se limitan las ocupaciones y se prev\u00e9 que la Administraci\u00f3n pueda realizar actuaciones de protecci\u00f3n, conservaci\u00f3n o restauraci\u00f3n, con la finalidad de evitar la regresi\u00f3n del litoral, quedando facultada la Administraci\u00f3n para imponer contribuciones especiales<\/strong> a las personas f\u00edsicas o jur\u00eddicas, que obtengan un beneficio especial de las obras ejecutadas por la Administraci\u00f3n, aunque el beneficio no sea cuantificable. Los sujetos pasivos <\/strong>de las contribuciones especiales ser\u00e1n los que se beneficien de las obras de protecci\u00f3n, conservaci\u00f3n o restauraci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, en especial, los titulares de derechos de ocupaci\u00f3n, as\u00ed como los propietarios de las fincas y de los establecimientos colindantes. Se impone al Ministerio de Agricultura, Alimentaci\u00f3n y Medio Ambiente la obligaci\u00f3n de elaborar una estrategia para la adaptaci\u00f3n de la costa a los efectos del cambio clim\u00e1tico. Con la misma finalidad de evitar la regresi\u00f3n del litoral, los propietarios amenazados por la invasi\u00f3n del mar, por causas naturales o artificiales, podr\u00e1n ejecutar obras de protecci\u00f3n, previa autorizaci\u00f3n o concesi\u00f3n, siempre que no perjudiquen el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre.<\/p>\n

2.4.- Regulaci\u00f3n de las denominadas urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres.-<\/strong> Son urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres<\/strong> los n\u00facleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundaci\u00f3n artificial de terrenos privados. Las urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres deber\u00e1n contar con un instrumento de ordenaci\u00f3n territorial o urban\u00edstico, que se ajuste a las prescripciones que en materia del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre establecen esta Ley y sus normas de desarrollo. El terreno inundado se incorporar\u00e1 al dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre, sin embargo, no se incorporar\u00e1n al dominio p\u00fablico los terrenos de propiedad privada colindantes a las viviendas, ni los retranqueados con respecto del canal navegable, que se destinen a estacionamiento n\u00e1utico individual y privado<\/strong>, como tampoco se incorporar\u00e1n al dominio p\u00fablico los terrenos privados que se destinar\u00e1n al estacionamiento n\u00e1utico colectivo y privado.<\/strong> Los propietarios de las viviendas contiguas a los canales navegables tendr\u00e1n un derecho de uso de los amarres situados frente a las viviendas. Este derecho estar\u00e1 vinculado a las viviendas y solo ser\u00e1 transmisible junto a ellas.<\/p>\n

2.5.- Adscripci\u00f3n por la Administraci\u00f3n del Estado de bienes de dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre a las Comunidades Aut\u00f3nomas para la construcci\u00f3n de nuevos puertos, o en su caso, a la ampliaci\u00f3n o modificaci\u00f3n de los existentes.-<\/strong> Resaltamos por su inter\u00e9s la modificaci\u00f3n introducida, en cuanto que en la zona de servicio portuaria de los bienes de dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre adscritos, que no re\u00fanan las caracter\u00edsticas del art. 3 de la Ley, adem\u00e1s de los usos necesarios para el desarrollo de la actividad portuaria, se podr\u00e1n permitir usos comerciales y de restauraci\u00f3n,<\/strong> siempre que no perjudique el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre y la actividad portuaria y se ajusten al planeamiento urban\u00edstico. En todo caso, se proh\u00edben las edificaciones destinadas a residencia o habitaci\u00f3n. Reglamentariamente se fijar\u00e1n los criterios para determinar las superficies m\u00e1ximas para los usos comercial y de restauraci\u00f3n, en funci\u00f3n de las caracter\u00edsticas de la zona de servicio portuaria.<\/p>\n

2.6.- Medidas para evitar que en el litoral se consumen irregularidades administrativas.- <\/strong> La Administraci\u00f3n del Estado podr\u00e1 suspender en v\u00eda administrativa <\/strong>los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales, que afecten la integridad del dominio p\u00fablico mar\u00edtimos terrestre o de la servidumbre de protecci\u00f3n, sin perjuicio de que en el plazo de diez d\u00edas dichos actos o acuerdos deban ser recurridos ante la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa.<\/p>\n

2.7.- Modificaci\u00f3n de la disposici\u00f3n transitoria sobre la reducci\u00f3n de la servidumbre de protecci\u00f3n a 20 mts., al suelo urbano, con independencia de que estuviese o no clasificado por el planeamiento, a la entrada en vigor de la Ley de 1988.- <\/strong> No es cierto que la reforma de la Ley haya reducido la zona de servidumbre legal de protecci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre de 100 mts. a 20 mts. Se mantiene con car\u00e1cter general la zona de servidumbre de protecci\u00f3n en 100 mts. establecida por la Ley de Costas de 1988. Se mantiene la Disposici\u00f3n Transitoria Tercera de la Ley de 1988, que establec\u00eda la reducci\u00f3n de la servidumbre de protecci\u00f3n de 100 a 20 mts. en los terrenos que a la entrada en vigor de la citada Ley estuviesen clasificados en el planeamiento urban\u00edstico como suelo urbano. Si es cierto, que la reforma de la Ley ha ampliado la reducci\u00f3n de la servidumbre de protecci\u00f3n a 20 mts.<\/strong>, no s\u00f3lo a los suelos clasificados como urbano a la entrada en vigor de la Ley de 1988, sino tambi\u00e9n a los suelos que tuviesen \u201cde facto\u201d dicha condici\u00f3n de urbano, es decir, a los suelos que cumplan alguno de los siguientes requisitos : a) En municipios con planeamiento urban\u00edstico<\/strong>, los suelos que, o bien cuenten con todos los servicios urban\u00edsticos y estuviesen consolidados con edificaciones en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los servicios, estuviesen en \u00e1reas consolidadas de edificaciones como m\u00ednimo en dos terceras partes de su superficie, de conformidad con la ordenaci\u00f3n de aplicaci\u00f3n. b) En municipios sin planeamiento urban\u00edstico,<\/strong> los suelos que, o bien cuenten con todos los servicios urban\u00edsticos y estuviesen consolidados con edificaciones en al menos un tercio de su superficie, o bien, careciendo de alguno de los servicios, estuviesen en \u00e1reas consolidadas de edificaciones como m\u00ednimo en la mitad de su superficie. Esta disposici\u00f3n se aplicar\u00e1 a los n\u00facleos o \u00e1reas delimitadas por el planeamiento urban\u00edstico, y en su defecto, ser\u00e1n delimitados por la Administraci\u00f3n urban\u00edstica competente, previo informe en ambos casos del Ministerio de Agricultura, Alimentaci\u00f3n y Medio Ambiente, en cuanto a la delimitaci\u00f3n y compatibilidad de tales n\u00facleos o \u00e1reas con la protecci\u00f3n y defensa del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre. La Ley de 1988 limitaba la reducci\u00f3n de la servidumbre a 20 mts., s\u00f3lo a los suelos clasificados como urbano por el planeamiento urban\u00edstico, a la entrada en vigor de la referida Ley. La reforma de la Ley aplica la doctrina jurisprudencial un\u00e1nime del TS sobre el car\u00e1cter reglado de la clasificaci\u00f3n del suelo como urbano<\/strong>, que impone por aplicaci\u00f3n de la fuerza normativa de lo f\u00e1ctico,<\/strong> el reconocimiento como urbano del suelo que est\u00e9 dotado de todos los servicios urban\u00edsticos, necesarios y adecuados, para las edificaciones existentes y que se proyecten construir sobre dicho suelo, que a su vez deber\u00e1 estar integrado en la malla urbana. En definitiva, la reforma de la Ley se limita a ampliar la disposici\u00f3n transitoria de la Ley de 1988, aplicando la reducci\u00f3n de la servidumbre de protecci\u00f3n a 20 mts, no s\u00f3lo al suelo clasificado en el planeamiento urban\u00edstico como urbano a la entrada en vigor de la Ley de 1988, sino tambi\u00e9n, al suelo que tiene la condici\u00f3n jur\u00eddico-f\u00e1ctica de urbano, aunque no estuviese clasificado como tal. Se trata del reconocimiento de una realidad preexistente<\/strong> a la entrada en vigor de la Ley de 1988, que es la reducci\u00f3n de la servidumbre de protecci\u00f3n al suelo que tenga la condici\u00f3n de urbano, no pudi\u00e9ndose autorizar nuevas construcciones de las prohibidas por la Ley de 1988 en la zona de servidumbre de protecci\u00f3n. La reforma se limita a la aplicaci\u00f3n de la doctrina jurisprudencial sobre el car\u00e1cter reglado de la clasificaci\u00f3n del suelo urbano, que determina la obligaci\u00f3n de su clasificaci\u00f3n, y de no serlo en el planeamiento urban\u00edstico, su reconocimiento como urbano a todos los efectos legales,<\/strong> por aplicaci\u00f3n de la \u201cfuerza normativa de lo f\u00e1ctico\u201d.<\/p>\n

2.8.- Deslinde del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre y delimitaci\u00f3n de la zona de servidumbre de protecci\u00f3n.- <\/strong> El acuerdo de inicio del expediente de deslinde llevar\u00e1 consigo la expedici\u00f3n por el Registrador de la Propiedad de certificaci\u00f3n de dominio y cargas <\/strong>de las fincas afectadas por el expediente, y a su vez, de forma simult\u00e1nea a la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n, el Registrador extender\u00e1 nota marginal <\/strong>en las fincas afectadas, haciendo constar la incoaci\u00f3n del expediente, la expedici\u00f3n de la certificaci\u00f3n de cargas y la advertencia de que las fincas afectadas, total o parcialmente, pueden ser incorporadas al dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, o en su caso, pueden ser incluidas en la zona de servidumbre de protecci\u00f3n. La resoluci\u00f3n del deslinde ser\u00e1 t\u00edtulo suficiente para rectificar las situaciones registrales contradictorias con el deslinde<\/strong>, y a su vez, para que la Administraci\u00f3n proceda a la inmatriculaci\u00f3n <\/strong>de los bienes de dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre. Los titulares de terrenos, que como consecuencia del deslinde, sean incorporados al dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, pasar\u00e1n a ser titulares de un derecho de ocupaci\u00f3n y aprovechamiento<\/strong>, a cuyo efecto la Administraci\u00f3n otorgar\u00e1 de oficio la concesi\u00f3n administrativa, por un plazo de setenta y cinco a\u00f1os, respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligaci\u00f3n de pagar canon alguno.<\/strong> Las concesiones podr\u00e1n ser objeto de transmisi\u00f3n mortis causa o inter vivos.<\/strong> En la transmisi\u00f3n mortis causa, se amplia el plazo de la notificaci\u00f3n, que deber\u00e1n llevar a cabo los causahabientes para poder subrogarse en la concesi\u00f3n, de uno a cuatro a\u00f1os. En la transmisi\u00f3n inter vivos, ser\u00e1 preceptiva la autorizaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n. Los titulares de obras e instalaciones, que como consecuencia del deslinde, se incorporen a la zona de servidumbre de protecci\u00f3n, podr\u00e1n realizar obras de reparaci\u00f3n, mejora, consolidaci\u00f3n y modernizaci\u00f3n, siempre que no represente aumento de volumen, altura ni superficie.<\/p>\n

2.9.- Pr\u00f3rroga de las concesiones administrativas otorgadas al amparo de la Ley de 1988.- <\/strong> Las concesiones para la ocupaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre existentes, que ya hayan sido otorgadas, podr\u00e1n ser prorrogadas a instancia de su titular. La pr\u00f3rroga tambi\u00e9n podr\u00e1 ser solicitada por los titulares de derechos de ocupaci\u00f3n y aprovechamiento, previa solicitud de la correspondiente concesi\u00f3n. La duraci\u00f3n de la pr\u00f3rroga no exceder\u00e1 en ning\u00fan caso de setenta y cinco a\u00f1os.<\/strong> De este modo, se da soluci\u00f3n, entre otras situaciones, a la extinci\u00f3n de las concesiones, que comenzar\u00edan a expirar en el a\u00f1o 2018. La reforma modifica la disposici\u00f3n transitoria de la Ley de 1988 para permitir a titulares de terrenos amparador en el art. 34 LH puedan ser titulares de concesiones administrativas, removiendo los condicionantes que antes se les exig\u00edan.<\/p>\n

3.- CONCLUSIONES.-<\/strong> La reforma introduce modificaciones sustanciales <\/strong>en la Ley de 1988, y a su vez, contiene novedades relevantes<\/strong>, que no hab\u00edan sido contempladas en el referido texto legal. El reparto de competencias<\/strong> entre la Administraci\u00f3n del Estado y las Comunidades Aut\u00f3nomas, en cuanto a la regulaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre y de la zona de servidumbre de protecci\u00f3n del mismo, fue resuelto, entre otras, por la sentencia 149\/91, de 4 de julio, del Tribunal Constitucional, con respecto de la Ley de 1988. Con seguridad, la reforma en el a\u00f1o 2013 de la citada Ley levantar\u00e1 de nuevo la pol\u00e9mica en cuanto al complejo reparto competencial<\/strong> entre diferentes Administraciones P\u00fablicas, ya que, la reforma introduce modificaciones sustanciales en la Ley de 1988, y a su vez, contiene novedades relevantes, que no hab\u00edan sido contempladas en el referido texto legal. A modo de resumen, resaltamos las siguientes :<\/p>\n

3.1.-<\/strong> Resulta novedoso el tratamiento diferenciado de los tramos urbanos y naturales de playa,<\/strong> que tendr\u00e1n una regulaci\u00f3n espec\u00edfica seg\u00fan su propia naturaleza, pero no olvidemos que difiere para el futuro la delimitaci\u00f3n de los referidos tramos urbanos y naturales de playa, as\u00ed como la normativa espec\u00edfica aplicable a cada uno de ellos. En los tramos urbanos<\/strong> podr\u00e1 autorizarse la celebraci\u00f3n de aquellos eventos de inter\u00e9s general con repercusi\u00f3n tur\u00edstica <\/strong>que cumplan los requisitos que se establezcan. Seg\u00fan el propio texto legal, en esta materia deber\u00e1n intervenir las Administraciones competentes en ordenaci\u00f3n del territorio y urbanismo, es decir, Comunidades Aut\u00f3nomas, en materia de ordenaci\u00f3n del territorio, y a su vez, Comunidades Aut\u00f3nomas y Ayuntamientos, con competencias compartidas en materia de urbanismo.<\/p>\n

3.2.-<\/strong> La exclusi\u00f3n de determinados n\u00facleos de poblaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre<\/strong> ha sido una de las materias, que m\u00e1s repercusi\u00f3n medi\u00e1tica ha tenido, en la medida que supone el reconocimiento y aceptaci\u00f3n de una realidad socio-econ\u00f3mica preexistente a la entrada en vigor de la Ley de 1988, como es la existencia de las \u00e1reas de viviendas hist\u00f3ricamente consolidadas<\/strong> en el interior del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre. Viviendas que en pura teor\u00eda estaban condenadas a ser demolidas y que, sin embargo, la reforma de la Ley ha venido a reconocer y legalizar<\/strong> su existencia, alegando el principio de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

3.3.-<\/strong> Las medidas para evitar los efectos de la incidencia del cambio clim\u00e1tico<\/strong> en el litoral y la implantaci\u00f3n de contribuciones especiales<\/strong> a lo beneficiarios de las obras de protecci\u00f3n, conservaci\u00f3n y restauraci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, son novedades que han pasado desapercibidas, y sin embargo, consideramos que son especialmente relevantes para el futuro de nuestras costas.<\/p>\n

3.4.-<\/strong> Se introduce la figura de las urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres<\/strong>, que son los n\u00facleos residenciales en tierra firme dotados de un sistema viario navegable, construido a partir de la inundaci\u00f3n artificial de terrenos privados. Seg\u00fan el propio texto legal, las urbanizaciones mar\u00edtimo-terrestres deber\u00e1n contar con un instrumento de ordenaci\u00f3n territorial o urban\u00edstico, que se ajuste a las prescripciones que en materia del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo-terrestre establecidas en esta Ley y en sus normas de desarrollo. De nuevo, nos encontramos con una materia, en la que concurren competencias de las diferentes Administraciones P\u00fablicas, que no ser\u00e1n f\u00e1ciles de conciliar en cuanto a la futura regulaci\u00f3n de las denominadas urbanizaciones mar\u00edtimo terrestres.<\/p>\n

3.5.-<\/strong> En la zona de servicio portuaria<\/strong> de los bienes de dominio p\u00fablico adscritos a las Comunidades Aut\u00f3nomas, se podr\u00e1n permitir usos comerciales y de restauraci\u00f3n, <\/strong>siempre que no perjudique el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre y la actividad portuaria y se ajusten al planeamiento urban\u00edstico. De nuevo, las competencias de la Administraci\u00f3n del Estado, Comunidades Aut\u00f3nomas y Ayuntamientos son concurrentes en la regulaci\u00f3n de los referidos usos.<\/p>\n

3.6.- <\/strong>Se introducen medidas que de forma autom\u00e1tica la Administraci\u00f3n del Estado podr\u00e1 adoptar, para evitar que en el litoral se consumen irregularidades administrativas, mediante la suspensi\u00f3n de resoluciones de los Ayuntamientos,<\/strong> que pudieran afectar a la integridad del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre o de la zona de servidumbre de protecci\u00f3n, debiendo la Administraci\u00f3n del Estado acudir a los tribunales de la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, en el plazo de diez d\u00edas, para obtener la ratificaci\u00f3n de la suspensi\u00f3n decretada. La competencia de la Administraci\u00f3n del Estado para adoptar estas medidas en cuanto al dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre no es cuestionable, pero s\u00ed lo ser\u00e1 para su adopci\u00f3n en cuanto actuaciones en la zona de servidumbre de protecci\u00f3n, a la vista del reparto competencial contenido en la sentencia del Tribunal Constitucional de 4 de julio de 1991.<\/p>\n

3.7.-<\/strong> Uno de los temas m\u00e1s pol\u00e9micos de la reforma es la modificaci\u00f3n de la disposici\u00f3n transitoria sobre la reducci\u00f3n de la servidumbre de protecci\u00f3n a 20 mts<\/strong>., ampliando dicha reducci\u00f3n al suelo urbano, con independencia de que estuviese o no clasificado por el planeamiento, a la entrada en vigor de la Ley de 1988. La zona de servidumbre de protecci\u00f3n se mantiene con car\u00e1cter general en 100 mts. y la ampliaci\u00f3n de la reducci\u00f3n a 20 mts. en los suelos urbanos a la entrada en vigor de la Ley de 1988, estuviesen o no clasificados en el planeamiento vigente,<\/strong> no es m\u00e1s que el reconocimiento de la doctrina jurisprudencial relativa a la fuerza normativa de lo f\u00e1ctico, en cuanto a la condici\u00f3n de suelo urbano, como consecuencia de su car\u00e1cter reglado.<\/p>\n

3.8.-<\/strong> La inmatriculaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre<\/strong> en el Registro de la Propiedad y la constancia registral de las fincas incorporadas a la zona de servidumbre de protecci\u00f3n<\/strong>, en base a las resoluciones que aprueben los expedientes de deslinde, son modificaciones que se justifican por aplicaci\u00f3n del principio de seguridad jur\u00eddica.<\/p>\n

3.9.-<\/strong> Las concesiones administrativas en el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre<\/strong> han sufrido cambios sustanciales, que de igual forma, han tenido especial repercusi\u00f3n medi\u00e1tica. De una parte, los titulares de terrenos, que como consecuencia del deslinde, sean incorporados al dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, pasar\u00e1n a ser titulares de un derecho de ocupaci\u00f3n y aprovechamiento<\/strong>, a cuyo efecto la Administraci\u00f3n otorgar\u00e1 de oficio la concesi\u00f3n, por un plazo de setenta y cinco a\u00f1os,<\/strong> respetando los usos y aprovechamientos existentes, sin obligaci\u00f3n de pagar canon alguno. Y de otra, los titulares de las concesiones para la ocupaci\u00f3n del dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre existentes, que ya hayan sido otorgadas, podr\u00e1n solicitar la pr\u00f3rroga<\/strong> por el plazo m\u00e1ximo de setenta y cinco a\u00f1os. La pr\u00f3rroga<\/strong> tambi\u00e9n podr\u00e1 ser solicitada por los titulares de derechos de ocupaci\u00f3n y aprovechamiento en el dominio p\u00fablico mar\u00edtimo terrestre, previa solicitud de la correspondiente concesi\u00f3n.<\/p>\n

Estepona, a 20 de mayo de 2013<\/p>\n

P\u00e9rez de Vargas Abogados<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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