{"id":665,"date":"2012-07-02T00:00:00","date_gmt":"2012-07-02T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/public.kiboserver.com\/perezdevargas\/facultad-del-juez-de-declara-de-oficio-la-nulidad-de-las-clausula-abusivas\/"},"modified":"2019-05-30T09:46:13","modified_gmt":"2019-05-30T09:46:13","slug":"juez-declara-nulidad-clausula-abusivas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perezdevargas.es\/es\/blog\/juez-declara-nulidad-clausula-abusivas\/","title":{"rendered":"Facultad del Juez de declarar de oficio la nulidad de las cla\u00fasulas abusivas"},"content":{"rendered":"<p>\u00abComentarios a la <a title=\"declarar de oficio la nulidad de las cla\u00fasulas abusivas\" href=\"http:\/\/curia.europa.eu\/juris\/document\/document.jsf?docid=123843&amp;doclang=ES\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (Sala Primera) de 14 de junio de 2.012<\/a>, sobre la facultad del Juez nacional de declarar de oficio la nulidad de las cla\u00fasulas abusivas, o en su caso, de ajustar o moderar el contenido de las mismas.<\/p>\n<p><!--more--><\/p>\n<p><b>INTRODUCCION.<\/b><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>En la Jornada organizada por nuestro Despacho el pasado d\u00eda 25 de mayo de 2012, sobre <a href=\"https:\/\/perezdevargas.es\/blog\/jornada-sobre-ejecuciones-hipotecarias\/\">ejecuciones hipotecarias<\/a>, entre otras cuestiones, se debati\u00f3 sobre la facultad del Juez para declarar de oficio la nulidad de determinadas cl\u00e1usulas de los contratos de pr\u00e9stamo,\u00a0 y en particular, sobre las relativas a los intereses de demora, con la finalidad de dejar sin aplicaci\u00f3n las referidas cl\u00e1usulas, para que \u00e9stas no produzcan efectos vinculantes frente al consumidor, y en especial, se debati\u00f3 sobre la facultad de que el Juez pudiera ajustar o moderar de oficio el contenido de las mismas, sin existir oposici\u00f3n de la parte demandada o ejecutada, en particular, en cuanto a la reducci\u00f3n del tipo de los intereses de demora.<\/p>\n<p>En relaci\u00f3n con estas cuestiones debatidas en nuestra Jornada, el Tribunal de Justicia ( Sala Primera ) de la Uni\u00f3n Europea ha dictado sentencia, con fecha 14 de junio de 2012, resolviendo una petici\u00f3n de decisi\u00f3n prejudicial planteada, con arreglo al art\u00edculo 267 TFUE, por la Audiencia Provincial de Barcelona, mediante Auto de 29 de noviembre de 2010, en un procedimiento monitorio promovido por una entidad bancaria contra un consumidor.<\/p>\n<p><i>\u00a0<\/i><b>ANTECEDENTES DE HECHO.<\/b><\/p>\n<p><b>1.-<\/b> Ante la petici\u00f3n inicial de procedimiento monitorio efectuada por una entidad bancaria, en reclamaci\u00f3n del saldo deudor de una p\u00f3liza de pr\u00e9stamo vencida anticipadamente por incumplimiento de la parte deudora, el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Sabadell dict\u00f3 Auto en virtud del cual declar\u00f3 de oficio la nulidad de pleno derecho de la cl\u00e1usula de intereses moratorios, fijado en el 29% anual. Asimismo, el Juzgado, en virtud del mismo Auto e igualmente de oficio, acord\u00f3 fijar el inter\u00e9s de demora en el 19%, requiriendo a la entidad bancaria para que procediera a realizar un nuevo c\u00e1lculo del importe de los intereses.<\/p>\n<p><b>2.-<\/b> La entidad bancaria solicitante, interpuso recurso de apelaci\u00f3n, alegando en esencia que el Juzgado de Primera Instancia n\u00ba 2 de Sabadell no pod\u00eda, en esa fase del proceso, declarar la nulidad de la referida estipulaci\u00f3n relativa a los intereses de demora, ni modificar dicha cl\u00e1usula.<\/p>\n<p><b>3.-<\/b> Por su parte la Audiencia Provincial de Barcelona, al albergar dudas sobre la correcta interpretaci\u00f3n del derecho de la Uni\u00f3n, acord\u00f3 suspender el procedimiento y remitir escrito al Tribunal de Justicia de la UE, planteando seis cuestiones prejudiciales, respecto de las cuales, el referido Tribunal, solo entr\u00f3 a conocer de las dos primeras.<\/p>\n<p><b>CUESTIONES PREJUDICIALES PLANTEADAS Y RESUELTAS.<\/b><\/p>\n<p><b>PRIMERA.-<\/b> <i>\u00bfEs contrario al Derecho comunitario, en especial respecto al Derecho de los consumidores y usuarios, que un \u00f3rgano judicial nacional eluda pronunciarse de oficio y ab limine litis y en cualquier fase del proceso, sobre la nulidad o no y la integraci\u00f3n o no de una cl\u00e1usula de intereses moratorios (en este caso del 29 %), en un contrato de pr\u00e9stamo al consumo? \u00bfPuede el tribunal optar, sin alterar los derechos del consumidor de la legislaci\u00f3n comunitaria, por deferir el posible an\u00e1lisis de tal cl\u00e1usula a la iniciativa de la parte deudora (mediante la oportuna oposici\u00f3n procesal)? <\/i><\/p>\n<p>Para exponer la soluci\u00f3n acordada en la Sentencia del Tribunal de Justicia, hemos de recordar lo dispuesto en el art\u00edculo 6.1 de la Directiva 93\/13, que viene a establecer que los Estados miembros velar\u00e1n porque las cl\u00e1usulas abusivas incluidas en los contratos suscritos entre particulares y profesionales no sean vinculantes para los primeros, siendo obligatorio el contrato en el resto de sus t\u00e9rminos en la medida en que esto sea posible.<\/p>\n<p>Pues bien, a la luz de la disposici\u00f3n referida, concluye el Tribunal de Justicia que el <i>\u201cJuez nacional debe apreciar de oficio el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contractual incluida en el \u00e1mbito de aplicaci\u00f3n de la Directiva 93\/13 y, de este modo, subsanar el desequilibrio que existe entre el consumidor y el profesional\u201d<\/i>. Entiende por tanto el Tribunal que dicha revisi\u00f3n de oficio no es solo una facultad del Juzgador, sino una obligaci\u00f3n de pronunciarse sobre el car\u00e1cter abusivo de dichas estipulaciones tan pronto como disponga de elementos de juicio suficientes.<\/p>\n<p>Tras la interpretaci\u00f3n el art. 6.1. de la Directiva 93\/13, procede el Tribunal de Justicia a analizar si la normativa procesal que regula el procedimiento monitorio espa\u00f1ol es conforme a dicha Directiva.<\/p>\n<p>As\u00ed, tras constatar y reconocer que la legislaci\u00f3n procesal que regula el procedimiento monitorio espa\u00f1ol (arts. 812 a 818 LEC) no permite al Juzgador entrar a examinar de oficio el car\u00e1cter abusivo de las estipulaciones que establecen el inter\u00e9s de demora,\u00a0 procede el Tribunal de Justicia a <b><span style=\"text-decoration: underline;\">declarar de forma inequ\u00edvoca que la normativa espa\u00f1ola no resulta conforme con el principio de efectividad, al hacer imposible aplicar la protecci\u00f3n que confiere la referida Directiva a aquellos litigios iniciados por los profesionales<\/span><\/b> (entidades bancarias en el caso de autos).<\/p>\n<p><b>SEGUNDA.- <\/b><i>A la luz del art. 6.1 de la Directiva 93\/13\/CEE y art. 2 de la Directiva [2009\/22\/CE], \u00bfc\u00f3mo debe interpretarse de manera conforme el art. 83 del Real Decreto Legislativo n\u00fam. 1\/2007 [\u2026] a tales efectos? \u00bfQu\u00e9 alcance tiene, a estos efectos, el art. 6.1 de la Directiva 93\/13\/CEE cuando establece que las cl\u00e1usulas abusivas \u201cno vincular\u00e1n al consumidor\u201d? <\/i><\/p>\n<p><b>\u00a0<\/b>Plantea la Audiencia Provincial de Barcelona una segunda cuesti\u00f3n, relativa a la posibilidad de que el Juzgador nacional pueda, no solo declarar de oficio la nulidad de la cl\u00e1usula de los intereses de demora por entenderla abusiva (cuesti\u00f3n ya resuelta en el punto anterior), sino tambi\u00e9n integrar dicho contrato, modificando el contenido de dicha cl\u00e1usula abusiva. Recordemos que esta cuesti\u00f3n viene motivada por el hecho de el Juzgado de Primera Instancia de Sabadell declar\u00f3 de oficio la nulidad de la estipulaci\u00f3n de la p\u00f3liza de pr\u00e9stamo que fijaba los intereses de demora en el 29% y acord\u00f3 reducirlos al 19%.<\/p>\n<p>Es necesario recordar que dicha integraci\u00f3n del contrato surge de la aplicaci\u00f3n del p\u00e1rrafo segundo del art\u00edculo 83.2 del Real Decreto Legislativo 1\/2007, p<strong>or el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios que viene a establecer que <\/strong><b><i><span style=\"text-decoration: underline;\">el Juez que declare la nulidad de dichas cl\u00e1usulas<\/span><\/i><\/b><i> <\/i>(enti\u00e9ndase las abusivas) <b><i><span style=\"text-decoration: underline;\">integrar\u00e1 el contrato y dispondr\u00e1 de facultades moderadoras respecto de los derechos y obligaciones de las partes, cuando subsista el contrato, y de las consecuencias de su ineficacia en caso de perjuicio apreciable para el consumidor y usuario<\/span>.<\/i><\/b><\/p>\n<p>Pues bien, visto el contenido de la norma nacional rese\u00f1ada, entiende el Tribunal de Justicia que <b><span style=\"text-decoration: underline;\">el art. 6.1 de la Directiva 93\/13<\/span><\/b> obliga a los Jueces nacionales a dejar sin efecto las estipulaciones que entiendan abusivas, manteniendo la obligatoriedad del resto del contrato. Sin embargo, dicho precepto<b><span style=\"text-decoration: underline;\"> limita las facultades del Juzgador nacional a dejar sin efecto las referidas estipulaciones abusivas, pero no le autoriza a modificar el contenido de los contratos, ni a integrarlos<\/span>. <\/b><\/p>\n<p>Es por ello que el Tribunal de Justicia concluye respecto de la segunda cuesti\u00f3n planteada que el art\u00edculo 6.1 de la Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el art\u00edculo 83 del Real Decreto Legislativo 1\/2007, que atribuye al Juez nacional, cuando \u00e9ste declara la nulidad de una cl\u00e1usula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cl\u00e1usula abusiva.<\/p>\n<p>En definitiva y a modo de conclusi\u00f3n, a juicio del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea, el Juez nacional deber\u00e1 velar por la no aplicaci\u00f3n de cl\u00e1usulas abusivas de los contratos suscritos con consumidores, declarando su nulidad de oficio, pero no podr\u00e1 en modo alguno, integrar dichos contratos, ni modificar el contenido de su clausulado.<\/p>\n<p>Trascribimos la parte dispositiva de la referida sentencia :<\/p>\n<p><i>\u201c1) La Directiva 93\/13\/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cl\u00e1usulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como la controvertida en el litigio principal, que no permite que el juez que conoce de una demanda en un proceso monitorio, aun cuando disponga de los elementos de hecho y de Derecho necesarios al efecto, examine de oficio \u2013in limine litis ni en ninguna fase del procedimiento\u2013 el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula sobre intereses de demora contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, cuando este \u00faltimo no haya formulado oposici\u00f3n.<\/i><\/p>\n<p><i>\u00a02) El art\u00edculo 6, apartado 1, de la Directiva 93\/13 debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro, como el art\u00edculo 83 del Real Decreto Legislativo 1\/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, que atribuye al juez nacional, cuando \u00e9ste declara la nulidad de una cl\u00e1usula abusiva contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor, la facultad de integrar dicho contrato modificando el contenido de la cl\u00e1usula abusiva.\u201d<\/i><\/p>\n<p>De una parte, la sentencia declara que un r\u00e9gimen procesal como el de nuestro Derecho, que\u00a0 no permite al Juez en el\u00a0 proceso monitorio examinar ab limine litis, ni en ninguna otra fase del procedimiento el car\u00e1cter abusivo de una cl\u00e1usula contenida en un contrato celebrado entre un profesional y un consumidor cuando el deudor no formule oposici\u00f3n, puede menoscabar la efectividad de la protecci\u00f3n que pretende garantizar la Directiva 93\/13\/CEE del Consejo de 5 de abril de 1.993 y concluye que ello se opone a dicha\u00a0 Directiva por hacer imposible o excesivamente dif\u00edcil aplicar el sistema de protecci\u00f3n comunitario de los consumidores.<\/p>\n<p>Y de otra, la sentencia interpreta el art. 6.1 de la Directiva 93\/13,\u00a0 declarando que\u00a0 el art. 83 del Real Decreto Legislativo 1\/2007 y las normas complementarias de nuestro ordenamiento jur\u00eddico, que facultan al Juez nacional la moderaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas declaradas abusivas, son contrarias a la referida Directiva, ya que el Juez nacional est\u00e1 obligado \u00fanicamente a dejar sin aplicaci\u00f3n las cl\u00e1usulas abusivas, a fin de que \u00e9stas no produzcan efectos vinculantes para el consumidor, sin estar facultado para modificar el contenido de las mismas. En efecto, el contrato en cuesti\u00f3n debe subsistir, en principio, sin otra modificaci\u00f3n que la resultante de la supresi\u00f3n de las cl\u00e1usulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jur\u00eddicamente posible.<\/p>\n<p>Seg\u00fan el Tribunal, la mencionada facultad moderadora contribuir\u00eda a eliminar el efecto disuasorio que ejerce sobre los profesionales el hecho de la no aplicaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas abusivas, ya que los profesionales podr\u00edan verse tentados a utilizar cl\u00e1usulas abusivas al saber que, aun cuando llegara a declararse la nulidad de las mismas, el contrato podr\u00eda ser integrado por el Juez nacional en lo que fuera necesario, garantizando de este modo el inter\u00e9s de dichos profesionales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Estepona, a 2 de julio de 2012<\/p>\n<p>Ignacio P\u00e9rez de Vargas L\u00f3pez<\/p>\n<p>P\u00e9rez de Vargas Abogados<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00abComentarios a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni\u00f3n Europea (Sala Primera) de 14 de junio de 2.012, 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