{"id":759,"date":"2016-11-18T00:00:00","date_gmt":"2016-11-18T00:00:00","guid":{"rendered":"http:\/\/public.kiboserver.com\/perezdevargas\/nueva-ley-procedimiento-administrativo-comun-ley-392015\/"},"modified":"2019-05-23T09:42:20","modified_gmt":"2019-05-23T09:42:20","slug":"nueva-ley-procedimiento-administrativo-comun-392015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/perezdevargas.es\/es\/blog\/nueva-ley-procedimiento-administrativo-comun-392015\/","title":{"rendered":"Nueva Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan (LEY 39\/2015)"},"content":{"rendered":"

Entrada en vigor el d\u00eda 2 de octubre de 2016<\/strong><\/p>\n

Las Administraciones P\u00fablicas son organizaciones al servicio del inter\u00e9s general, para lo que la ley les dota de determinadas potestades que las colocan en una situaci\u00f3n de poder frente a los ciudadanos y al resto de organizaciones, sirvan de ejemplo, la potestad tributaria, la expropiatoria, la sancionadora o la autotutela administrativa. En nuestro ordenamiento existen sin embargo una serie de instituciones jur\u00eddicas que sirven de contrapeso, cuya finalidad es equilibrar la situaci\u00f3n del lado de los ciudadanos y en la medida de lo posible evitar extralimitaciones, abusos, arbitrariedades y errores que pueden producirse, cabe citar como ejemplo, el principio de legalidad, la responsabilidad patrimonial de las administraciones p\u00fablicas, el silencio administrativo o el procedimiento administrativo<\/strong>, al que nos referimos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

El 2 de octubre de 2016 entr\u00f3 en vigor la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas<\/strong> que establece un modelo de procedimiento al que se debe ajustar la actividad de estas entidades. La citada Ley da cumplimiento al mandato previsto en el art\u00edculo 105 de la Constituci\u00f3n<\/strong> en virtud del cual \u00abLa ley regular\u00e1 (\u2026)<\/em> c) El procedimiento a trav\u00e9s del cual deben producirse los actos administrativos, garantizando, cuando proceda, la audiencia del interesado<\/em>\u00bb.<\/p>\n

La actividad de la Administraci\u00f3n requiere siempre de la tramitaci\u00f3n de un procedimiento, legalmente establecido, lo que es lo mismo, la realizaci\u00f3n de una serie de actuaciones y tr\u00e1mites, casi siempre consecutivos, previamente definidos por ley. La finalidad es, por un lado, favorecer, en la medida de lo posible el acierto y la ponderaci\u00f3n de la actuaci\u00f3n administrativa, pues el procedimiento obliga a recabar datos que facilitan la toma de decisiones, y por el otro, permitir el control de la actividad de las administraciones por los ciudadanos, a trav\u00e9s del poder judicial.<\/p>\n

El deber que la ley impone a las administraciones de seguir un procedimiento previamente establecido, como decimos, es de fundamental importancia para contrarrestar la situaci\u00f3n de superioridad que las Administraciones ostentan en la sociedad. En este sentido, las decisiones y actos de las Administraciones suelen tener importantes repercusiones en las vidas de los ciudadanos, por lo que la Constituci\u00f3n exige medidas que faciliten su acierto y ponderaci\u00f3n, evitando la arbitrariedad. El art\u00edculo 9 de la Constituci\u00f3n<\/strong> garantiza \u201c\u2026. la interdicci\u00f3n de la arbitrariedad de los poderes p\u00fablicos<\/em><\/strong>\u201d. La actuaci\u00f3n de las Administraciones no puede separarse nunca de la legalidad vigente. Para lograr este objetivo se establece el procedimiento que somete la actividad de las Administraciones P\u00fablicas.<\/p>\n

Conforme al art\u00edculo 149 de la CE<\/strong> compete al Estado el establecimiento de estas normas de procedimiento com\u00fan\u00a0 \u00absin perjuicio de las especialidades derivadas de la organizaci\u00f3n propia de las Comunidades Aut\u00f3nomas.<\/em>\u00bb El Tribunal Constitucional en su sentencia 166\/2014, de 22 de octubre<\/strong> dijo que\u00a0 \u00ab\u2026los procedimientos especiales por raz\u00f3n de la materia que regulen las Comunidades Aut\u00f3nomas de acuerdo con sus competencias deben siempre \u201crespetar\u201d ese modelo o estructura general definidos por el Estado<\/strong> <\/em>[\u2026] pues de otro modo \u00e9ste no cumplir\u00eda su funci\u00f3n de ser el procedimiento administrativo com\u00fan<\/u><\/strong><\/em>\u00bb<\/p>\n

Por tanto, como hemos dicho, el procedimiento com\u00fan es el modelo de procedimiento al que se debe ajustar la actividad administrativa y del que no se pueden separar las Administraciones.<\/p>\n

Hasta el 2 de octubre de 2016 estas normas comunes resid\u00edan en la Ley 30\/1992, de 26 de noviembre, de R\u00e9gimen Jur\u00eddico de las Administraciones P\u00fablicas y del Procedimiento Administrativo Com\u00fan.\u00a0 A partir del 2 de octubre de 2016 est\u00e1n en la Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas (nueva Ley de Procedimiento Administrativo), que deroga la anteriormente citada Ley, introduciendo algunas novedades que rese\u00f1amos a continuaci\u00f3n.<\/p>\n

De la nueva Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan, a nuestro juicio, es destacable, lo siguiente:<\/p>\n

1<\/strong>.- La Ley 39\/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Com\u00fan de las Administraciones P\u00fablicas establece en sus art\u00edculos 127 y siguientes \u00ablos principios a los que se ha de ajustar el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria<\/em>\u00bb. Es la primera vez que en una ley de procedimiento administrativo com\u00fan se regulan estas cuestiones.<\/p>\n

2<\/strong>.- La nueva Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan deroga expresamente el Real Decreto 1398\/1993, de 4 de agosto, que regulaba el Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora. De esta manera, ahora ser\u00e1n aplicables al ejercicio de esta potestad las normas de procedimiento comunes establecidas en la Ley 39\/2015. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la Disposici\u00f3n Adicional Primera, punto 2, de la nueva Ley, establece que \u00ab(\u2026) se regir\u00e1n por su normativa espec\u00edfica y supletoriamente por lo dispuesto en esta Ley: a) Las actuaciones y procedimientos de aplicaci\u00f3n de los tributos en materia tributaria y aduanera<\/strong>, as\u00ed como su revisi\u00f3n en v\u00eda administrativa. b) Las actuaciones y procedimientos de gesti\u00f3n, inspecci\u00f3n, liquidaci\u00f3n, recaudaci\u00f3n, impugnaci\u00f3n y revisi\u00f3n en materia de Seguridad Social y Desempleo<\/strong>. c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, en materia de tr\u00e1fico y seguridad vial y en materia de extranjer\u00eda<\/strong>. d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjer\u00eda<\/strong> y asilo<\/strong><\/em>.\u00bb<\/p>\n

3<\/strong>.- Lo mismo sucede en materia de responsabilidad patrimonial de las Administraciones. La Ley 29\/2015 ha derogado el Real Decreto 429\/1993, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de las Administraciones p\u00fablicas en materia de responsabilidad patrimonial.<\/p>\n

4<\/strong>.- La regulaci\u00f3n del silencio administrativo es de trascendental importancia. Es lo primero que el operador jur\u00eddico mira \u2013\u2013al menos es mi caso\u2013\u2013 cuando se tiene noticia de alg\u00fan proyecto que pudiera afectar al procedimiento com\u00fan. En el caso de la Ley 39\/2015 no parece que modifique el r\u00e9gimen hasta ahora existente, de tal manera que la regla general sigue siendo la del silencio positivo en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado. Por otro lado, tambi\u00e9n parece que se mantienen las excepciones existentes hasta la entrada en vigor de esta nueva Ley.<\/p>\n

El art\u00edculo 24.1 de la Ley 39\/2015<\/strong>, literalmente dice: \u00ab1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resoluci\u00f3n que la Administraci\u00f3n debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este art\u00edculo, el vencimiento del plazo m\u00e1ximo sin haberse notificado resoluci\u00f3n expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo<\/strong>, excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de Derecho de la Uni\u00f3n Europea o de Derecho internacional aplicable en Espa\u00f1a establezcan lo contrario\u2026\u2026\u2026…<\/em>\u00bb<\/p>\n

En este punto hay que remitirse a la disposici\u00f3n adicional vig\u00e9sima novena de la Ley 14\/2000, de 29 de diciembre<\/strong> cuyo anexo 2 se mantiene vigente.<\/p>\n

5<\/strong>.- La nueva Ley de Procedimiento Com\u00fan va a provocar la transici\u00f3n definitiva del soporte papel y los canales tradicionales de transmisi\u00f3n, como el correo, a los soportes electr\u00f3nicos y a la red como medio. Las normas que requieren y presuponen el uso de medios electr\u00f3nicos y \u201cnuevas tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n\u201d, <\/em>est\u00e1n diseminadas por todo el texto legal, de tal forma que relega las maneras tradicionales a una situaci\u00f3n de marginalidad. Esta nueva Ley de Procedimiento Administrativo Com\u00fan deroga la Ley 11\/\/2007, de 22 de junio, de acceso electr\u00f3nico de los ciudadanos a los servicios p\u00fablicos y asume gran parte de sus normas.<\/p>\n

Teniendo en cuenta la raz\u00f3n de existir de estas Administraciones P\u00fablicas, que en nuestro ordenamiento no es otra que el bienestar de los ciudadanos, la incorporaci\u00f3n de las nuevas tecnolog\u00edas y la imposici\u00f3n de su uso en las relaciones con los poderes p\u00fablicos debiera tener como finalidad principal la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales y las libertades p\u00fablicas de los ciudadanos.<\/p>\n

Percibimos como un riesgo la existencia de un gran n\u00famero de ciudadanos y organizaciones que carecen de medios electr\u00f3nicos para relacionarse de esta manera con las Administraciones P\u00fablicas, lo que deber\u00e1 resolverse siempre a favor del administrado<\/strong>, pues la raz\u00f3n de ser de estas Administraciones P\u00fablicas, reiteramos, es el bienestar de los ciudadanos<\/strong>.<\/p>\n

El debate se plantear\u00e1 por tanto en torno al art\u00edculo 14 de la nueva Ley de Procedimiento Com\u00fan<\/strong>, cuyo punto 1 permite a las personas f\u00edsicas \u00ab\u2026elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones P\u00fablicas para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos o no, salvo que est\u00e9n obligadas a relacionarse a trav\u00e9s de medios electr\u00f3nicos con las Administraciones P\u00fablicas.<\/em>\u00bb, y cuyo punto 2<\/strong>, obliga a utilizar medios electr\u00f3nicos a la pr\u00e1ctica totalidad de las organizaciones (personas jur\u00eddicas) y determinadas personas f\u00edsicas (profesionales), a los que se les obliga a adaptarse<\/strong>.<\/p>\n

La Ley introduce derechos, como son el derecho a comunicarse con las Administraciones P\u00fablicas a trav\u00e9s de un Punto de Acceso General electr\u00f3nico de la Administraci\u00f3n; a ser asistidos en el uso de medios electr\u00f3nicos en sus relaciones con las Administraciones P\u00fablicas; a la obtenci\u00f3n y utilizaci\u00f3n de los medios de identificaci\u00f3n y firma electr\u00f3nica; a la protecci\u00f3n de datos de car\u00e1cter personal, y en particular a la seguridad y confidencialidad de los datos que figuren en los ficheros, sistemas y aplicaciones de las Administraciones P\u00fablicas; a consultar la informaci\u00f3n sobre los procedimientos en el Punto de Acceso General electr\u00f3nico de la Administraci\u00f3n; a cumplir las obligaciones de pago a trav\u00e9s de los medios electr\u00f3nicos en la Ley; a ser informado sobre el sentido del silencio administrativo que corresponda al procedimiento para el caso de que la Administraci\u00f3n no resuelva y notifique en plazo; a no presentar documentos que hayan sido elaborados por las propias Administraciones P\u00fablicas (hasta ahora este derecho se limitaba a no presentar documentos que ya se encontraran en poder de las Administraciones); a no presentar documentos originales salvo que, de manera excepcional, se establezca lo contrario.<\/p>\n

El uso de la red en las relaciones con la Administraci\u00f3n es obligatorio para las personas jur\u00eddicas; las entidades sin personalidad jur\u00eddica; quienes\u00a0 ejerzan\u00a0 una\u00a0 actividad\u00a0 profesional\u00a0 para\u00a0 la\u00a0 que\u00a0 se\u00a0 requiera\u00a0 colegiaci\u00f3n\u00a0 obligatoria,\u00a0 para\u00a0 los\u00a0 tr\u00e1mites\u00a0 y actuaciones que realicen con las Administraciones P\u00fablicas en ejercicio de dicha actividad profesional; Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles; quienes representen a un interesado que est\u00e9 obligado a relacionarse electr\u00f3nicamente con la Administraci\u00f3n; los empleados de las Administraciones P\u00fablicas para los tr\u00e1mites y actuaciones que realicen con ellas por raz\u00f3n de su condici\u00f3n de empleado p\u00fablico.<\/p>\n

Resulta interesante la obligaci\u00f3n que la Ley impone a las Administraciones de publicar y mantener actualizadas en el portal web, a efectos informativos, las relaciones de procedimientos de su competencia, con indicaci\u00f3n de los plazos m\u00e1ximos de duraci\u00f3n de los mismos, as\u00ed como de los efectos que produzca el silencio administrativo.<\/p>\n

Si las Administraciones cumplieran con este mandato, que ya existe, entendemos que los ciudadanos tendr\u00e1n la posibilidad de evaluar de forma objetiva la actividad de las distintas Administraciones pues de alguna manera permitir\u00e1 medir la intensidad de esta actividad.<\/p>\n

6<\/strong>.- La nueva Ley obliga tambi\u00e9n a las Administraciones a mantener un archivo electr\u00f3nico \u00fanico de los documentos que correspondan a procedimientos finalizados y de que los expedientes sean conservados en un formato que permita garantizar su autenticidad, integridad y conservaci\u00f3n.<\/p>\n

7<\/strong>.- Cabe se\u00f1alar tambi\u00e9n que los s\u00e1bados dejan de ser h\u00e1biles, de manera tal que al calcular los plazos se\u00f1alados en d\u00edas hay que excluir los s\u00e1bados, los domingos y los festivos, como se hace en los procedimientos judiciales. La Ley introduce la posibilidad de fijar plazos expresados en horas.<\/p>\n

8<\/strong>.- Es interesante tambi\u00e9n que la nueva Ley permita expresamente la suspensi\u00f3n del plazo para resolver cuando el \u00f3rgano tenga una pluralidad de recursos que traigan causa de un mismo acto administrativo y se hubiera interpuesto alg\u00fan recurso judicial contra el acto en cuesti\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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