Artículo de opinión de nuestro colaborador Don Antonio Cano Murcia, publicado en la Revista El Consultor de los Ayuntamientos.
La falta de desarrollo reglamentario de la Ley 7/2007, de 9 de julio, por lo que a la calificación ambiental se refiere, está propiciando interpretaciones y aplicaciones contradictorias del vigente reglamento de calificación ambiental, no solucionadas por las reformas legislativas producidas para la eliminación de las trabas administrativas. Esta situación provoca inseguridad jurídica para los promotores o prestadores de servicios, quedando al antojo del municipio la aplicación de la normativa con más o menos rigor, ignorando el contenido imperativo del art. 84. bis LRBRL.
